Hasta el 17 de octubre, todos los entes estatales, sujetos de control y entes territoriales, gobernaciones y alcaldías, deben reportar a la Contraloría General, las obras inconclusas. Y desde el 18 de octubre, los ciudadanos podrán consultar en el sitio web de la Contraloría General, el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.

Los ‘Elefantes Blancos’ ya superan los 1.400 proyectos y le han costado al país cerca de $25 billones de pesos. La dirección de Información, Análisis y reacción Inmediata DIARI, de la Contraloría General será la encargada de llevar este Registro Nacional, con los reportes de los entes estatales. Desde hace algunos meses, la DIARI, viene implementando la georreferenciación de ‘Elefantes Blancos’ con fotografías satelitales y videos realizados por auditores de las Gerencias Departamentales de la Contraloría General.

Modelos en el Huila, La vía Neiva, Baraya, La Uribe, Villavicencio, La vía Neiva, Pitalito, Mocoa, La Plata, Inzá, Popayán y Pitalito, Isnos, Totoró, Popayán, hace un buen tiempo en receso. Por último la vía Neiva, San Vicente del Caguán, la mayoría del tiempo inservible por los derrumbes, que nos comunica con el norte del Caquetá y la rica región de los Llanos del Yarí.

Entre algunos modelos de proyectos fracasados están el Centro Comercial Los Comuneros, la Central Minorista Mercaneiva, Conasa, la Corporación Forestal del Huila, Procefrutas, el Proyecto de los Patos Húngaros, el Distrito de Riego Tesalia Paicol, el Reservorio de Neiva, el Distrito de Riego Tres Pasos en Villavieja, la Torre materno Infantil del Hospital General de Neiva, el CAIMI de la comuna 9, la remodelación del Estadio Guillermo Plazas Alcid, el Parque Isla de Aventura, el Parque Ronda Rio Las Ceibas, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. Colegio Santa Rita de Aipe.

A través de una carta el procurador Fernando Carrillo, le escribió al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para pedir algunas explicaciones sobre los hechos ocurridos en medio de las violentas protestas de las últimas horas, donde hubo disparos que dejaron varias personas muertas.

El procurador solicitó con carácter urgente la información a Holmes Trujillo considerando que la Policía es una institución adscrita al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, se solicita el protocolo de la fuerza pública para atender disturbios del orden público, además, preguntan por las instrucciones dadas desde el alto mando para el manejo de los disturbios que se registraron.

También cuestiona al ministro sobre qué medidas preventivas se han dispuesto para atender situaciones como las ocurridas en el país. Cuáles han sido las acciones que el Ministerio de Defensa ha adoptado “frente a los uniformados que a la fecha se tienen identificados como participantes o presuntos responsables de las agresiones y lesiones causadas a la población civil”.

Y por último, cuáles son las medidas “inmediatas” que se van a adoptar para evitar que situaciones como las del 9 y 10 de septiembre se vuelvan a presentar.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó revisar una demanda y tomó una medida cautelar contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Avianca Holdings S.A. En esa decisión, la corporación ordenó congelar el crédito que se había autorizado para desembolsarle a esa aerolínea 370 millones de dólares.

En la acción popular que revisó el Tribunal, el ciudadano Jonatan Ruíz Tobón aseguró que el Gobierno y Avianca incurrieron en una vulneración a la moralidad administrativa, al patrimonio público y a la seguridad social, por la aprobación del préstamo.

Ese crédito, en todo caso, aún no se ha desembolsado ya que debe ser aprobado por el Tribunal de Nueva York en donde Avianca se acogió al captíulo 11 del Código de Bancarrota.

Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron que la decisión todavía no ha sido notificada a la entidad. Sin embargo, una alta fuente del Gobierno indicó que “acabamos de ser informados y estamos leyendo la decisión”.

También se conoció que al interior de la compañía se está haciendo una revisión de las implicaciones del tema con el equipo legal. Por ahora, el juez del proceso bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos ni siquiera ha aprobado el documento con la propuesta del esquema de Deudor en Posesión (DIP), por 2.000 millones de dólares, que la compañía alista para presentar la próxima semana.

De esta cifra, un total 1.300 millones de dólares corresponden a una financiación de deuda y de esta hace parte el crédito por 370 millones de dólares, aprobados por el Gobierno con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

El demandante le pidió al Tribunal que ordenara al Gobierno abstenerse de destinar los recursos del FOME para el crédito de Avianca, pero además, solicitó que se tomaran medidas cautelares para evitar que se vulneren los derechos que él señaló.

Así, aunque el Tribunal aún no ha aceptado de fondo la demanda, sí aceptó la medida cautelar para frenar el préstamo lo que llevaría a que, aunque en el futuro el Tribunal de Nueva York acepte el crédito, el dinero no se le pueda entregar a Avianca.

Esto porque el Tribunal le ordenó al Ministerio de Hacienda que adelante "las gestiones administrativas necesarias para que el Fondo de Mitigación de Emergencias se abstenga de realizar el desembolso del crédito aprobado a Avianca".

Entre los argumentos del Tribunal, se lee que los magistrados encontraron que la demanda es razonable y que hay poca información pública sobre cómo se tramitó y ordenó ese crédito.

También dijo que con los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que presentó el demandante, se puede concluir que "resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla".

Según el Tribunal, el demandante informó sobre la situación financiera que afronta Avianca, que muestra que al 30 de junio del 2020 el grupo tenía pérdidas por 353 millones de dólares y un déficit patrimonial de 355 millones de dólares. También dijo el demandante que esa mala situación económica es "preexistente a la situación de la pandemia generada por el covid-19, pues el año pasado no reportó dividendos entre sus accionistas debido a las dificultades por la situación financiera que desde entonces afrontaba".

Por esa situación, el ciudadano pidió en su acción popular que se proteja el patrimonio público al prestarle dinero a una sociedad que, a pesar de la importancia que tiene para la economía colombiana, está en una situación financiera como la que él describió. Con todo esto, el Tribunal consideró que no existe claridad sobre las condiciones en las que se otorgó el crédito ni las garantías que respaldan este préstamo. Además, dijo, si no se conceden las medidas cautelares se podría generar un "perjuicio irremediable para el patrimonio público".

Y para el estudio de fondo de la demanda, el Tribunal le pidió al Ministerio que informe cuál fue el análisis objetivo que hizo para aprobar el crédito.

Aunque el demandante pedía que se le ordenara al Presidente Iván Duque informar cualquier posible conflicto de interés por el hecho de que su hermana María Paula Duque Samper es vicepresidente senior de Relaciones Estratégicas y Experiencia del Cliente de Avianca, el Tribunal negó esa petición. Según la corporación, esa solicitud no tiene ninguna relación con la medida cautelar de urgencia para que no se desembolse el crédito.

Fuente: El Tiempo

El Juzgado Penal del Circuito de Envigado condenó a 36 años y tres meses de prisión a Héctor de Jesús Rivera Ruiz, acusado de acceder sexualmente a trece mujeres durante cinco años.

Los hechos ocurrieron en el parque El Salado y en veredas aledañas, donde las jóvenes practicaban deporte o disfrutaban de la naturaleza.

Entre los años 2014 y 2019, secuestró a trece mujeres, entre ellas, dos universitarias francesas que estaban de intercambio en Medellín y quienes tuvieron que pasar la noche en una zona boscosa, porque no encontraron el camino de regreso, a quienes amenazó con armas blancas, las accedió carnalmente y procedió a hurtar sus pertenencias.

El trabajador en construcción, de 39 años de edad, intimidaba a las víctimas con machetes, cuchillos y tábanos eléctricos. Las jóvenes eran amarradas y obligadas a caminar hasta dos horas para accederlas carnalmente.

También les hurtaba el dinero, los celulares, las tarjetas y los objetos de valor. Las mujeres tenían entre 19 y 15 años de edad.

El hombre fue capturado en septiembre de 2019 y aceptó 13 cargos de secuestros simples a agravados, seis accesos carnales violentos, nueve actos sexuales violentos y ocho hurtos calificados y agravados.