El líder social Álvaro Daza, quien fue masacrado junto con tres de sus familiares, había salido de la vereda el año pasado por presiones de grupos ilegales en la zona. Uno de sus hijos, también asesinado, tenía casa por cárcel y un hermano suyo fue asesinado a principios de abril en una carretera de la región.

A las 8:20 de la noche del miércoles 29 de abril, el líder social Álvaro Narváez Daza estaba en una de las habitaciones de su casa de bareque en zona rural de Mercaderes, al sur del Cauca, junto con su hijo Cristian Narváez Daza y su nieta, Yenni Catherine López Narváez. Su esposa, María Delia Daza, estaba en el patio, sentada y cenando. De repente, del monte afloraron ráfagas de fusil que los acribilló a medida que los hombres armados se acercaron a la humilde vivienda.

Murieron al instante. Contó uno de los sobrevivientes de la masacre, el hermano menor de los Narváez, que él solo sintió el tableteo del plomo y luego se escondió debajo de la cama donde se libró de la muerte. Igualmente, afirmó que la motocicleta que tenía su padre, Álvaro, se la llevaron los sicarios, por lo que se cree que fueron dos.

La inspección judicial la hicieron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) en la noche del miércoles, quienes trasladaron los cadáveres de las cuatro personas hacia Medicina Legal de Popayán. Álvaro Narváez era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Bado, donde ocurrieron los hechos, a 30 minutos de la carretera Panamericana que comunica al municipio de Mercaderes con Pasto (Nariño). Según una resolución de la Gobernación del Cauca, los integrantes de dicha junta se inscribieron a finales de noviembre de 2016 ante la Secretaría de Gobierno. María Delia Daza, la esposa, tenía 45 años y cuidaba de un menor de 10 años, que igualmente salió ileso como su hijo menor de 17 años, ambos encontrados escondidos debajo de una cama; Cristian Narváez Daza, el hijo mayor, tenía 22 años y, según conoció este diario, estaba pagando casa por cárcel por el delito de homicidio. Yenni, la nieta, tenía 15 años y miraba televisión con ellos en el momento de los disparos.

Sobre Álvaro, el líder social, comentaron otros presidentes de juntas comunales de la región, que a principios de 2019 tuvo que abandonar la vereda por presiones de grupos armados para el pago de un impuesto ilegal. Sin embargo, regresó y, el último día que lo vio el alcalde municipal, Fernando Díaz, fue justamente en la tarde del miércoles, horas antes de la masacre. “Estaba ayudando a entregar los mercados para las familias vulnerables en medio de la pandemia en el corregimiento de Mojarras del cual hace parte esta vereda”, declaró a la radio el mandatario local. El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, también afirmó que en esa zona recientemente circularon panfletos de las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)" y de la disidencia de las Farc conocida como la Nueva Marquetalia.

El Senador del partido Cambio Radical Temístocles Ortega Narváez se refirió al respecto de la siguiente manera:

La Defensoría del Pueblo ya había advertido el riesgo del municipio de Mercaderes, justamente por su cercanía a estos corredores estratégicos para el tráfico ilegal. Por ejemplo, en una alerta temprana de 2019 hizo énfasis en otro actor armado: “El ELN con el Frente José María Becerra, la compañía Lucho Quintero y el Frente

Manuel Vásquez Castaño, mantiene el control relativo en las zonas rurales y tiene una presencia activa, en la zona centro y sur del Cauca, principalmente, en el sector montañoso de los municipios de El Tambo, Almaguer, Mercaderes, Florencia, Bolívar, Sucre, Balboa, Argelia, a través de milicianos que se encuentran en los centros poblados, logrando detentar el control de la economía ilegal de la coca (cultivo y trafico) hacia el Pacífico”.

Así va el panorama de muertes por covid-19 en Colombia. Se actualiza diariamente a las 7 p. m.

A casi dos meses de la llegada del nuevo coronavirus, Colombia suma 269 muertes y 5.949 casos confirmados. Aunque, según expertos, las muertes y contagios aumentarán en el país durante mayo, la situación actual es menos dramática en comparación con la que se ha vivido en otros países.

Estados Unidos suma más de 58 mil muertes y 1 millón de contagios. En todo el mundo, ya van más de 216 mil fallecidos. Hace unas semanas, en países como Italia y España, morían más de 800 personas diariamente. En Colombia, el Ministerio de Salud ha confirmado máximo 20 muertes en un día.

Hasta el momento, la tasa de letalidad en Colombia es del 4,5 %. La ciudad más afectada por las muertes es Bogotá, en donde ha ocurrido el 33,4 % de los fallecimientos. Le siguen Cali, con el 15,6 % y Cartagena, con el 7,8%.

Para el caso de los departamentos, en Valle del Cauca se concentra el 19,3 % de las muertes. Bolívar aporta el 8,9 %, Magdalena, el 6,3 % y Cundinamarca, el 4,8 %.

Debido a que el 83,2 % de quienes murieron tenían alguna comorbilidad, se confirma que la covid-19 generalmente afecta a personas con algún antecedente adverso de salud. Del total de fallecidos hasta la fecha, 4 de cada 10 personas sufrían de hipertensión arterial; 2 de cada 10 tenía EPOC y 2 de cada 10 padecían diabetes.

Aunque es cierto que la covid-19 puede ser más letal en personas con algún tipo de comorbilidad, el 9,2 % de los fallecidos no presentaba ningún antecedente, por lo que es necesario cuidarse y atender todas las recomendaciones dadas. Asimismo, no existe información sobre presencia o ausencia de comorbilidades para el 8 % de las personas fallecidas.

En cuanto al rango de edades, más de la mitad (52, 7 %) de muertes ocurrió en personas entre los 60 y 79 años. El 19,7 % de las muertes fue en población de 40 a 59 años; otro 20 %, en personas entre 80 y 99 años.

La persona más joven que murió por covid-19 fue un bebé de 1 mes y 1 semana de vida. Un hombre de 98 años, residente de Ocaña (Santander), es la persona con mayor edad que ha fallecido a causa del virus.

Finalmente, el 62,4 % de muertes ocurrió en el sexo biológico masculino y el 37,5 % en el sexo femenino.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó que de los 107 casos confirmados en las últimas horas por el Instituto Nacional de Salud en el departamento, 106 corresponden a la cárcel de Villavicencio.

Eso significa que el centro de reclusión llegó a 306 casos, de los 355 registrados en el departamento. Es decir, el 86 por ciento tiene como foco el centro de reclusión afectando a internos, guardias y personal administrativo.

La noticia se produce al tiempo que los internos se encuentran desde hace dos días en huelga de hambre porque no reciben la atención en salud adecuada y les han desmejorado sus alimentos, al parecer porque 25 de los 30 rancheros, internos que preparan los alimentos, resultaron contagiados con el virus.

Eso ha provocado que otros reclusos asuman esa tarea sin tener las habilidades para la cocción de los alimentos. Incluso, este martes en la tarde, los internos de los dos patios, Colombia y Santander, estaban exaltados y no querían que los encerraran en sus celdas.

Así mismo, se conoció que las cifras han venido en aumento porque se han incrementado las pruebas realizadas por tres laboratorios.

La semana pasa en Artunduaga noticias habíamos dicho el proceso de traslado de reclusos dadas las circunstancias, pues era alto el riesgo el contagio en las cárceles al movilizar reclusos, pues la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), brigadier general Norberto Mujica Jaime, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del covid-19.

El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República, sobre una presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad.

Así lo anunció el Ministerio Público a través de un comunicado en el que aclara que el director Mujica podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

Según argumentó el órgano de control, la indagación se abre por cuenta de unas denuncias que apuntarían a que, en el marco de la atención a los presos, se habrían vulnerado los derechos humanos de los internos.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes para estos traslados, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.

Y es que la polémica alrededor de Mujica surgió luego de que autorizara el traslado de 12 presos de la cárcel de Villavicencio tras los motines registrados los pasados 22 y 23 de abril. Dichos traslados se llevaron a cabo el 1 de abril cuando, según Mujica, aún no se tenía conocimiento de que había personas privadas de la libertad ya contagiadas con la covid-19.