Cargos de injuria y calumnia le fueron imputados por la fiscalía general de la nación al ex alcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia, ex senador y ex ministro conservador, Juan Gómez Martínez.
Algo que le podría significar una pena de cárcel de hasta nueve años y una multa de hasta $1.500 millones de pesos, de acuerdo con lo afirmado por el demandante, el ex gerente del IDEA y ex candidato a la gobernación de Antioquia, Alvaro Vásquez Osorio.
El periodista Willian Calderón piensa que Gardeazábal es caso perdido y pierden el tiempo los grupos de oración de Tuluá que piden a Nuestro Señor Jesucristo por su alma (pues el cuerpo ya lo tiene podrido).
Es misión imposible que este Voltaire de vereda, hijo de doña Maruja, quien se distinguió por ser una matrona de perladas virtudes, fervorosa y practicante de la fe católica, se convierta y vuelva al redil y no ataque el dogma de la Resurrección como lo ha hecho en su reciente libro “El Resucitado”, ante el silencio cómplice de nuestra jerarquía eclesiástica.
Si viviéramos –dice- en una comunidad Musulmana o en el Hinduismo o en el Taoismo, el susodicho personaje ya estaría en el horno a fuego lento y lo habrían chamuscado como a un marrano en noche buena, con música parrandera, voladores y quema de libros.
Mientras aquí nos seguimos rasgando las vestiduras por la “juagada” que le metieron a nuestro país en La Haya y pensamos ingenuamente que el régimen de Daniel Ortega va a negociar directamente -con nuestro país- como si ellos no hubieran sido favorecidos con el fallo, (una ingenuidad política no jurídica), lo que está pasando en la Isla de San Andrés deja mucho que desear y confirma la poca acción del Estado para demostrar que ese es un terruño que queremos todos, más allá del tropical nacionalismo.
Literalmente, la Isla “nada” en las basuras; la inseguridad es un tema muy grave…y el micro-tráfico es pan diario, así no se hable de grandes carteles, según el periodista Silverio Gómez, en un comentario para kienyke.
La deforestación arrasa con medio país, pero don José María Medina Montejo es ejemplo de resistencia. Contra viento y marea se ha negado a vender más de sesenta hectáreas de bosques nativos, en cercanías de Tunja.
Don Pepe (cercano a los 80 años), es hombre simpático, de buen humor y fuerte para caminar a diario su finca. Junto con su esposa –Conchita Brando, de origen italiano, ojos claros, rostro reluciente- decidieron que ese sería el jardín de sus hijos (son seis mujeres y un hombre) y también su contribución a fortalecer los pulmones de Boyacá.
En el despacho del Procurador Alejandro Ordóñez no comparten que la falta de ahorro de energía sea la causante de un inminente apagón y, en consecuencia, citará a varios funcionarios del gobierno central para hallar responsables técnicos de la emergencia.
Fuentes cercanas al Jefe del Ministerio Público consideran que hubo improvisación, que no se tomaron las medidas preventivas obligatorias, que la negligencia o desidia fueron común denominador en las llamadas autoridades energéticas.
Buena parte de la responsabilidad se la adjudican al fenómeno del niño, pero la procuraduría busca establecer cuánto hubo de culpa en la falta de decisiones o posibles equivocaciones de los funcionarios encargados.
Si el Ministro de Minas Tomás González se vio obligado a renunciar, no sólo él sino también muchos de sus colaboradores serían responsables de la crisis, considera la fuente de la procuraduría, muy cercana al titular.
Algunos congresistas han pedido que se investigue el trabajo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que ha salido a apagar el incendio, cual cuerpo de bomberos, en vez de haber prevenido y evitado las urgencias de hoy, que tienen al país en vísperas de un apagón.
Hay quienes piensan que el presidente Santos y el alto gobierno han venido tratando sicológicamente al país antes de la mala noticia de la restricción. Otros consideran inadmisible que la culpa sea hoy de los ciudadanos, que pagaron sumas importantes “para previsiones”.
En suma, hay dos situaciones claras: que se avecina el apagón, y que la procuraduría aplicará sanciones disciplinarias a los funcionarios negligentes.
Mientras tanto, como suele suceder, millones de colombianos pagaremos los platos rotos, sin haber participado en el festín.
